por Aritz Recalde
Marzo 2013
Los profesores de las Universidades argentinas, siguen enseñando una historia de la Educación Superior que no es objetiva, sino que por el contario, es una “política de la historia”. A ese relato lo llamaremos “historia oficial” y se escribió por intelectuales vinculados al Partido Socialista y Radical en el marco del Golpe de Estado de 1955. Dicha construcción parcial e ideológica, se popularizó e institucionalizó, a partir de:
- su divulgación ejecutada por los Titulares de las Universidades entre los años 1955 a 1966.
- la tarea de los Interventores de la Universidad de 1983.
¿Cuál es el objetivo de la historia oficial universitaria?
a- Justificar el crimen político del que fueron promotores, ocultando la grave violación a los derechos humanos perpretada por la dictadura cívico militar del año 1955 y por los gobiernos posteriores.
b- Desvirtuar, ocultar o desprestigiar, los programas científicos de cariz industrialista, nacionalista y popular.
c- Impedir el desarrollo científico tecnológico independiente del país, obstruyendo los debates existentes en torno de la potencial modificación del sistema cultural argentino.
d- Evitar la posibilidad de que los sectores medios se aúnen políticamente con las clases populares.
e- Impedir que los representantes de la democracia de masas planifiquen de manera conjunta y armónica, la Educación Superior y el conjunto de las políticas públicas.
Argumentos de la historia oficial universitaria
El eje del relato de la historia oficial, se organiza a partir del ocultamiento de procesos y de sacar de contexto las políticas y las acciones protagonizadas por los actores. Esto les permite a sus detractores, reconstruir momentos de la historia relacionando de manera parcial y confusa, situaciones sustancialmente distintas y contradictorias.
a- La historia oficial universitaria hace apología del terrorismo de 1955
Un caso digno de mencionarse, tiene que ver con la utilización de la palabra “autoritarismo”. La historia oficial reconstruyó el proceso universitario que transcurre entre 1946 a 1955, a partir de pequeños relatos de estudiantes opositores o de docentes disconformes con el gobierno. Sobre esta mirada parcial, se estableció y se reitera con escasas o dudosas fuentes, que Perón fue “autoritario”. Poco se habla de los objetivos reales del proceso político peronista, que propuso refundar por medios legales y pacíficos la Universidad, para alinearla con el programa nacionalista y con la justicia social. El gobierno, como nunca en la historia del país, tenía los votos del Pueblo y estaba en su derecho y en su deber, de proponer una política nacional universitaria. Además, es oportuno reiterar, que la relación de Perón con la Universidad, no fue menos conflictiva que la que enfrentó Yrigoyen con los conservadores. [1] La historia oficial al exacerbar el supuesto autoritarismo peronista, desconoce que durante el gobierno democrático sólo se generaron debates propios de una transición de un gobierno de un Partido, hacia una nueva fuerza política. Estas fricciones y esos debates, son los que componen la democracia y es habitual que existan. Lo que realmente debería ser definido de “inaceptable”, es el tipo de oposición de los reformistas a las agendas del sistema político constitucional. Para combatir una democracia y bajo la ficción de un supuesto “autoritarismo”, apoyaron un Golpe de Estado sangriento. La historia oficial ocultó que el fondo del problema, no era simplemente la administración de la Universidad, sino la incapacidad de los viejos Partidos políticos para ganar elecciones en el país. Los reformistas se atribuyeron una legitimidad que no tenían y terminaron impulsando una dictadura, que desde todo punto de vista, es inadmisible. Ningún debate político en democracia entre alumnos, docentes o funcionarios, puede derivar en el apoyo público al terrorismo. Las diferencias que podían tener los docentes renunciantes con las decisiones de la democracia constitucional, nunca pueden conducir a hechos violentos como fue el bombardeo de junio de 1955 o los fusilamientos de 1956. Frente a ello, se sigue repitiendo paradójicamente, que en 1955 se “democratizó la Universidad”, escondiendo que desde esa fecha, los miembros de la institución ocuparon violentamente e ilegalmente, los espacios de gestión. La Universidad argentina organizada como producto del sangriento golpe de Estado, le debe una autocrítica y una disculpa sincera al conjunto del país. Ninguna institución educativa o cultural, puede reivindicar en nombre de la ciencia o de la autonomía, los actos de terror o de tortura contra poblaciones civiles.
b- La historia oficial universitaria promueve la ruptura del sistema constitucional
El planteo de la historia oficial universitaria, disimula que en buena parte de su relato hace apología de la ruptura del orden constitucional, para imponer en su lugar un sistema político dictatorial. Un caso ejemplar de esta actitud, es la reivindicación que hacen los historiadores del “decreto ley” 6403/55 que le otorgó al Partido Socialista y al Partido Radical, el manejo de la Universidad. [2] Debería decirse al enseñar la historia del proceso, que la figura normativa mencionada es producto de la clausura del Parlamento por decisión de una dictadura, cuestión que permitió que el Ejecutivo sancione, ilegalmente, Decretos con fuerza de Ley. En definitiva, la historia oficial universitaria al reivindicar los “Decretos Leyes” sin efectuar crítica alguna al problema de fondo, hace apología de la dictadura y privilegia la aplicación de la fuerza sobre el debate y el consenso que tienen que tener las leyes fruto del Parlamento. Para justificar tan gravosa actitud, se repite que las normas educativas peronistas serían “privativas” de la libertad, cuestión que no es exacta, ni cierta. Ahora y pese a ello, lo que debería decirse ante todo, es que la dictadura derogó ilegalmente la Ley del Congreso 14.297/54 y derribó la Constitución de 1949 que, y entre otros temas fundamentales, introdujo la Autonomía universitaria en la Carta Magna. No está mal que los miembros de la Universidad no compartan un artículo de una Ley y tienen derecho a expresarlo. Lo inadmisible, es que para modificarlo incurran en la violación del sistema constitucional y en la apología de los gobiernos castrenses.
c- La historia oficial universitaria esconde hechos fundamentales
La historia oficial universitaria resalta algunas fechas y desconoce otras. Por ejemplo, su relato estableció que la dictadura militar de 1966 fue una “bisagra” para el funcionamiento del sistema. Todos los educadores de sistema acuerdan lo pernicioso que fue la “noche de los bastones largos”. Ahora, lo que no es frecuente escuchar o leer, es qué ocurrió y cuáles fueron las víctimas de la violencia impulsada entre 1955 y 1966. No existe conciencia de que Onganía en el plano de la aplicación de la violencia, no fue más radical que la dictadura cívico militar de 1955, que también asaltó las Universidades. Por ejemplo, durante Onganía no se produjo un bombardeo terrorista como el de junio de 1955. Durante Onganía, hay escasos sucesos comparables al nivel de brutalidad de los fusilamientos como los de 1956. [3] Cuando se reconstruye la intervención de la Universidad de 1955, no se dice nada de los “comandos civiles”, que aplicaban actos terroristas oficiando como un antecedente importante de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) de los años setenta. Poco se escucha en las aulas universitarias el hecho de que en 1955 se expulsaron a todos los docentes de la Universidad, se derogaron las leyes de la democracia, se cerraron periódicos, se aplicó una censura con rasgos fascistas a la cultura [4] o que se persiguió a estudiantes en el marco del un proceso político profundamente represivo y salvaje. En definitiva, y cuestión que tiene que destacarse enfáticamente en el aula para que no se repita, es que la violencia de 1966 es la consecuencia lógica y directa del golpe terrorista de 1955. En definitiva, al sacar de contexto los debates y al priorizar aspectos secundarios, lo que no se enseña a los estudiantes es que en la Argentina hay varios Modelos de Universidad. La historia oficial universitaria, difunde una simplificación al reiterar que la institución es el mero resultante del programa de los liberales que fundaron la UBA en 1821 y de los reformistas de 1918. Según este postulado, por fuera de estas tradiciones académicas no hay propuestas propositivas, sino meramente actividades represivas. [5] Además de la tradición liberal y de la reformista, se debe destacar que existe un tercer Modelo universitario que es el del nacionalismo popular. El peronismo promovió una ciencia aplicada a la innovación tecnológica e impulsó una apuesta a la consolidación de una agenda educativa regionalizada. Con dicha finalidad, propuso planificar estratégicamente los recursos humanos y materiales, conjuntamente con la agenda pública de la democracia de masas. Contrariamente a la nueva tradición educativa, los liberales plantearon que los grupos económicos concentrados eran los titulares que tenían que organizar la Universidad. Los reformistas resistieron las propuestas del Proyecto Nacional y se atribuyeron la “propiedad” de la Universidad y el derecho a sedición contra las autoridades democráticas. El nacionalismo popular impulsó las carreras aplicadas al programa de industrialización y proyectó una Universidad capaz de superar el perfil de servicios, típico del Modelo educativo liberal del país agroexportador. Tanto liberales como reformistas, favorecieron un distanciamiento entre ciencia y tecnología, cuestión que buscó revertir el nacionalismo popular. Finalmente, la historia oficial universitaria no dice que parte importante de los conflictos de la década del cuarenta, surgieron como una resistencia institucional a la decisión del peronismo de promover un Modelo de Educación Superior al servicio de la igualación social. Frente a la gratuidad de los estudios sancionada en 1949, los liberales propusieron el acceso restricto para profundizar las desigualdades sociales. En los hechos y tomando distancia del movimiento original, los reformistas con su concepción “cientificista”, impulsaron una Universidad elitista separada de los problemas sociales del conjunto del país.
Los académicos podríamos debatir los valores que subyacen en la historia oficial universitaria que enseñamos y para eso, no estaría mal partir de algunos acuerdos básicos fundamentales. Por ejemplo, ¿se puede apoyar una dictadura para obtener un privilegio en una institución cultural?, ¿la Universidad no debería defender sin contemplaciones los valores de los derechos humanos, la justicia social y las formas constitucionales?, ¿los debates de la Universidad no deberían resolverse en democracia, en lugar de apoyar golpes militares?. Por otro lado, es pertinente preguntarse: ¿es oportuno seguir reiterando que es legitimo el enfrentamiento de los representantes de la democracia de masas y el cogobierno universitario?, ¿quién tiene la legitimidad para promover agendas de debate en las Universidades Nacionales, los representantes electorales de 40 millones de argentinos, meramente los miembros internos de la institución, ambos?, ¿toda propuesta de cambio de la Universidad iniciada desde el Estado, puede considerarse un ataque a la autonomía?
Notas
[1] Yrigoyen intervino las Universidades desde el Poder Ejecutivo y desplazó a sus adversarios conservadores de la Universidad, favoreciendo el ingreso de los reformistas. Varios de éstos últimos reunidos en a FUA, realizaron manifestaciones de apoyo público a los golpes de Estado de 1930 y de 1955.
[2] La posibilidad de ejercer el derecho al “cogobierno” bajo el esquema “tripartito”, no alcanzó a la mayoría política del país que estaba proscripta y que era ferozmente reprimida.
[3] Contando con el apoyo público de los miembros reformistas de la Universidad, desde el año 1955 el país fue gobernado bajo diversos planes represivos. El bombardeo de junio de 1955 contó con el apoyo público de radicales, socialistas y conservadores y dejó más de 350 víctimas. En el año 1956 se fusilaron 27 personas. Frondizi aplicó el Plan de Conmoción Interna del Estado contra los reclamos sindicales y juveniles. Felipe Vallese desapareció durante la presidencia de José María Guido. La violencia iniciada en 1955 posibilitó que el gobierno de Onganía en la antesala del Cordobazo, asesine a Juan José Cabral, a Alberto Ramón Bello y a Luis Norberto Blanco. La resistencia popular en el Cordobazo de 1969, culminó en una represión que no alcanzó las cifras de los fusilados de 1956 y tras la pueblada, asesinaron alrededor de 14 personas. Es interesante mencionar, que ni siquiera los militares que aplicaron la Masacre de Trelew se animaron a defender públicamente la Ley Marcial como habían realizado los universitarios. La “Masacre” se produjo durante la gestión de Lanusse e implicó el fusilamiento de 19 personas. A diferencia de los fusilamientos de 1956 que apoyó el reformismo, los militares en Trelew no aplicaron la “Ley Marcial”, sino que arguyeron el pretexto de la “Ley de fugas”. 16 de los 19 fusilados, murieron en el acto.
[4] Se sancionó el fascista Decreto Ley 4161/56, “Prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista”. Se clausuraron periódicos nacionales como El líder, el 45, Lucha Obrera, Norte, El Federalista, De Frente, El Descamisado, Palabra Argentina, Doctrina, Renovación, entre otros.
[5] La historia oficial universitaria reitera el eje de la civilización y la barbarie, que fue exportando por las potencias colonialistas y que fue asimilado por figuras como Domingo F. Sarmiento. La historia de la Universidad se organizó de manera “dicotómica” y los liberales y los reformistas serían la civilización y Rosas y el peronismo, ocuparon el lugar de la barbarie autoritaria. La civilización derivó en la defensa de la “autonomía” universitaria y se acusó de “barbarie, de flor de ceibo o de alpargatas”, a los que plantearon otro proyecto cultural cumpliendo el mandato de la soberanía popular.
