Aritz Recalde, marzo 2016
Transcurridos apenas tres meses
de la asunción de un nuevo gabinete nacional, se hace difícil alcanzar
una conclusión acabada de cuáles serán los lineamientos de la política
educativa. A continuación, meramente vamos a exponer algunas unas reflexiones
iniciales.
Inicialmente, Cambiemos intentó ubicar a las universidades
públicas como parte del diagnóstico de la existencia de un Estado “politizado”
y caracterizado por el “despilfarro y la corrupción”. Con ese cuestionable y
dudoso diagnóstico, en otras dependencias públicas ya aplicaron más de 25.000
despidos.
Los despidos directos en universidades están imposibilitados por
la autonomía y la autarquía que gozan las Casas de Altos estudios. Pese a ello,
se sancionó el decreto 336/16 que dejó sin efecto los convenios entre las
universidades y otras reparticiones del Estado, posibilitando despidos
“indirectos” de profesionales que estaban desempeñando actividades académicas y
de investigación. El decreto obliga a que los nuevos acuerdos entre
instituciones sean ratificados por el Ministerio de Modernización macrista.
Compartiendo esta definición política, el Ministro de Educación de
La Nación Esteban Bullrich designó originariamente en la Secretaría de
Políticas Universitarias, al productor televisivo de Animales Sueltos, Juan
Cruz Ávila. Esta persona no tenía trayectoria académica, ni tampoco en gestión
universitaria. Según le comentó el Ministro de Educación al Diario La Nación el
1/12/15, Ávila venía a saldar una “grieta” entre las universidades peronistas y
radicales. Paradójicamente y pese a enarbolar la “neutralidad valorativa”,
Bullrich reconoció que solamente había conversado la designación del Secretario
con los rectores radicales. El Ministro también
aseveró que existe un conglomerado de “universidades nuevas, del
conurbano”, que profundizaron la “grieta” y que obligaron a tal desafortunada
designación. El nombramiento de Ávila fue rechazado de plano por la comunidad
académica y el Presidente de La Nación designó en su remplazo a Albor Cantard,
dirigente con trayectoria académica y de extracción radical. Este nombramiento
parece más lógico por el hecho de la UCR integró el frente Cambiemos y tiene
dirigentes con trayectoria en universidades nacionales, a diferencia de los
funcionarios del PRO de origen educativo en el sector privado y extranjero.
La caracterización de la actualidad universitaria como parte de
una “grieta” es tendenciosa, inexacta y cuestión fundamental, es peligrosa para
la sustentabilidad de las políticas científicas del país. Durante la gestión
universitaria iniciada en 2003 existió una excelente articulación entre las
diversas corrientes ideológicas y políticas universitarias, al punto de que el
Secretario de Políticas Universitarias fue durante mucho tiempo un ex rector de
la UNLP de origen UCR (Alberto Dibbern).
Todas las universidades argentinas, sin banderías, fueron parte de
un programa de gobierno de reparación histórica en los temas concernientes a la
universidad. En el año 2002 el presupuesto universitario era de 1900 millones y
en 2016 superó los 40.000 millones anuales. Por primera vez en toda la
historia, los docentes y los no docentes poseen su propio Convenio Colectivo de
Trabajo y tuvieron paritarias todos los años. El periodo 2003/15 fue la etapa
de mayor apertura universitaria de la argentina y las 15 nuevas instituciones
completaron la federalización de la Educación Superior en lugares tan disimiles
como Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Florencio Varela o Avellaneda. Todas
las universidades de beneficiaron del plan de infraestructura más ambicioso que
se haya conocido en décadas y que permitió construir aulas, laboratorios, playones deportivos, nuevas sedes o modernizar
tecnológicamente las instalaciones académicas y deportivas. En 2002 había 5000
becas universitarias y hoy ascienden a 50.000. Ésta larga lista de
realizaciones a lo largo y ancho del país, podría continuar con lo realizado en
el CONICET, con la repatriación de científicos del Programa RAICES o con el
plan de promoción de carreras prioritarias e ingenierías, etc.-
La opinión de Esteban Bullrich sobre la “grieta” coincidió con la
de Mauricio Macri, quien viene reiterando que las nuevas universidades son
“políticas” y no “académicas”. La
descalificación realizada sobre las universidades como “políticas” es peligrosa
y nos retrotrae al año 1955 cuando el golpe de Estado cerró la Universidad
Obrera, solamente por el hecho de haberla creado el peronismo. Es como si
Néstor Kirchner hubiera amenazado cerrar las más de diez universidades
nacionales que impulsó Carlos Menem. Imagínense qué ocurriría si Juan Perón en
1946 clausuraba la Universidad Nacional de Cuyo por que se abrió en la década
infame (1939) o si a la vuelta de la democracia Ricardo Alfonsín cerraba la
Universidad de Rosario por surgir en pleno gobierno de Juan Carlos Onganía
(1968).
El comentario del Presidente y de su Ministro de Educación
estigmatiza a instituciones, docentes e investigadores sumamente prestigiosos y
es, cuanto menos, desafortunado. Lo primero que hay que decir es que todas las
universidades nacen de un acto político como es la sanción de una ley.
Asimismo, se debe destacar que las instituciones se administran de manera
cogobernada desde la recuperación de la democracia y ello implica una actividad
política permanente e indelegable. Por otro lado, toda práctica científica
conlleva valores e ideologías, sean los neoliberales de Macri o los
desarrollistas de Cristina Kirchner y eso está lejos de ser un defecto de las
nuevas o las viejas universidades.
Hoy los universitarios están sintiendo el impacto económico de las
medidas de gobierno. Al igual que la crisis del 2001 hubo universidades que no
recibieron la partida suficiente para pagar sueldos y tuvieron que endeudarse
con ANSES o el agente financiero. El envío de fondos para las partidas de
gastos no salariales registra más de 60 días de atraso. Los proyectos
presentados por las Universidades a la SPU hasta el 10 de diciembre y que
tuvieron dictamen técnico favorable, incluso habiéndose rubricados los
convenios SPU/Universidad, al no estar protocolizados, fueron directamente
desechados por la actual gestión. La construcción de edificios universitarios
registra atrasos en la remisión de fondos para honrar los contratos con las
empresas constructoras. El aumento de las tarifas eléctricas han más que
duplicado los gastos corrientes de las universidades, al igual que los
incrementos en los pasajes aéreos y transporte terrestre. El valor de las becas
para estudiantes en el exterior se han visto incrementadas en su equivalente en
pesos en más de un 50%, producto de la megadevaluación de la moneda nacional, al igual que el costo de los
equipos científicos y de docencia de origen importado. Hasta el presente no se
observan ni siquiera anuncios de que se considerarán estas situaciones. El
salario real de los docentes y no docentes ha registrado una brutal caída
producto de los incrementos de precios de los bienes transables y no
transables. Tampoco se ha anunciado la apertura de las paritarias docentes y no
docentes, habiendo concluida la paritaria nacional docente para los niveles
inicial, primario y secundario. Los estudiantes becados también registran una
importante caída de la capacidad de compra de sus becas.
En fin, no se trata sólo de la estigmatización de las
universidades nacionales a la que algunos medios masivos de comunicación se han
sumado, sino también la silenciosa erosión de las capacidades acumuladas por
las universidades, su capital humano y su equipamiento de difícil renovación, a
lo que se suma la incógnita de cuál es la política de educación universitaria
del actual gobierno.
Los diversos gobiernos tienen que construir sobre los aciertos del
anterior, conformando políticas de
Estado. El caso universitario no es la excepción. Construir y consolidar una
universidad conlleva varias décadas y no involucra a la gestión de una sola
persona o fuerza política. Si no se cumplen estos principios elementales de la
nación, el país puede retroceder décadas en sus planes científicos y culturales
y conjuntamente vamos a deteriorar el desarrollo productivo y social del país.