Norberto Alayon - Buenos
Aires, 4 de mayo de 2016
Todos los 1º de mayo se conmemora el Día del Trabajador. A
partir del gobierno del empresario neoliberal Mauricio Macri, que asumió hace
casi 5 meses, ya se produjeron en el país más de 120 mil despidos de
trabajadores (inclusive, algunos estudios de centros especializados hablan de
140 mil). El 29 de abril se concretó una multitudinaria movilización sindical
para protestar contra la enorme pérdida de puestos de trabajo y brindar apoyo a
la sanción de una ley antidespidos (para proteger el empleo), acerca de la cual
el gobierno amenazó que la vetaría en caso de ser aprobada.
El 1º de mayo, el presidente Macri decidió compartir un
almuerzo con un reducido sector sindical, que encarna las posiciones de derecha
más recalcitrantes, que formaron parte del devastador proyecto menemista y, a
la vez, con conexiones diversas con la dictadura cívico-militar de 1976 que
asoló al país. Con este sector, el presidente Macri se sintió cómodo para
compartir la ingesta dominical, junto a su esposa Juliana Awada (exitosa empresaria
de cuestionados talleres textiles), su ministro de Trabajo Jorge Triaca (hijo),
que el mismo 29 asistió a una misa en memoria del represor de la dictadura
Miguel Ángel Egea, involucrado en reducir los bienes que robaban a los
secuestrados en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), y Marcos Peña, su
Jefe de Gabinete.
En la ocasión, el presidente Macri puso en evidencia -una
vez más- su densidad intelectual, expresando que “Hace cinco años que no se
genera trabajo de calidad, porque ocultaron el desempleo con trabajo público
inútil” (destacado nuestro). “La primera víctima es la persona, cuando se da
cuenta que no cumple una tarea útil para la sociedad. La suma de los empleos
inútiles es una ruta descuidada donde los argentinos pierden la vida”.
El gobierno, conducido en áreas estratégicas por una gran
cantidad de empresarios y CEOs de empresas nacionales e internacionales, viene
desplegando una arrasadora tarea antiestatal que se manifiesta en los despidos
de trabajadores (aunque a muchos los reemplaza por los militantes propios del
partido PRO) y en el cierre, desmantelamiento, suspensión, o reducción de
planes y programas diversos, tales como Arsat 3, Atucha 3, Conectar Igualdad,
Fines, Progresar, Orquestas Infantiles, Centros Culturales, Qunitas, Argentina
Sonríe, Televisión Digital Abierta, entre muchos otros. Todo ello acompañado de
una enorme campaña de estigmatización, difamación e insultos plasmados en las
difundidas expresiones de “ñoquis” y “grasa militante”.
En la folletería oficial de la campaña presidencial de la
Alianza Cambiemos, el entonces candidato Mauricio Macri exponía sus “sueños y
compromisos”. Afirmaba: “Mi primer desafío como presidente será POBREZA CERO.
Vamos a ayudarte para que tengas más oportunidades, porque es inaceptable que
haya tantas personas sin trabajo y muchas otras que ven que su esfuerzo no
alcanza para crecer”. Y “Es hora de UNIR A LOS ARGENTINOS y mejorar nuestra
convivencia. No te vas a sentir agredido si pensás distinto; una justicia
independiente se ocupará de defenderte a vos y no al poder”.
Hoy, ya como presidente, el trabajo público le parece inútil
a Mauricio Macri y los incesantes despidos se suman de a miles. Es probable que
le parezcan más útiles las designaciones actuales de otros empleados y
funcionarios públicos, muchos de ellos parientes directos de los dirigentes de
la Alianza PRO-Cambiemos en el poder, y algunos hasta sin reunir los
“requisitos mínimos” para la función. Veamos, por ejemplo, algunos de los
tantos casos: Inés Zorreguieta Cerruti, hermana de Máxima la Reina de Holanda,
en el ministerio de Desarrollo Social; Beatriz Orlowski, esposa del diputado y
dirigente del PRO Eduardo Amadeo, también en el ministerio de Desarrollo
Social; Carla Piccolomini, esposa del ministro de Modernización, Andrés Ibarra,
en Radio y Televisión Argentina; María Cecilia Loccisano, esposa del ministro
de Trabajo, Jorge Triaca (h), en el ministerio de Salud; Josefina Rouillet,
esposa del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en el Fondo
Nacional de las Artes; Mario Frigerio, tío del ministro del Interior, Rogelio
Frigerio, en la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones); Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Telecomunicaciones,
Oscar Aguad, en ARSAT; Amadeo Nicora, primo del ministro de Agricultura,
Ricardo Buryaile, en el INTA; Matías Santos Crocsel, hijo del ministro de
Turismo, Gustavo Santos, en el mismo ministerio; María Alejandra Illia, prima
de la vicepresidenta Gabriela Michetti, en el Senado de la Nación; Enrique
Pinedo, hermano del senador Federico Pinedo, en el mismo Senado nacional;
Marina Klemensiewicz, esposa del Vocero presidencial, Iván Pavlovsky, en la
subsecretaría de Hábitat; Iván Kerr, primo del presidente de la ANSES, Emilio
Basavilbaso, en la subsecretaría de Vivienda; entre los de mayor trascendencia
pública en el corto tiempo que lleva “Cambiemos” en el gobierno.
Mariana Mazzucato es una economista italiana, docente de la
Universidad de Sussex (Inglaterra) y autora del libro “El Estado emprendedor”.
Recientemente estuvo en Santiago de Chile, invitada a dictar la Cátedra
Prebisch en la CEPAL. Al pasar por Buenos Aires fue entrevistada por el
periodista Tomás Lukin, quien publicó el reportaje en el suplemento “Cash” del
diario “Página 12”, del 30 de abril pasado. En sus declaraciones formula
significativas apreciaciones sobre el papel del Estado:
“En países como Estados Unidos, China y Alemania, el
crecimiento fue el resultado de un Estado muy activo en la innovación”. “La
pregunta entonces es quién se beneficia de esa visión estúpida donde el Estado
queda relegado al rol de porrista en lugar de ser un jugador relevante”. “Sin
el Estado liderando los procesos de innovación es imposible lograr el
desarrollo. Como dice Bill Gates: ‘el sector privado es inepto, el Estado debe
liderarnos y nosotros lo seguimos’”.
Lo políticamente “picante” de este reportaje surge de lo que
escribió en su cuenta de twitter, la profesora Mazzucato: “Ayer hablé con el
presidente de Argentina Macri. Charlamos sobre el rol del Estado en la
innovación y por qué las políticas económicas neoliberales fallan. No estoy
segura que lo haya entendido” (destacado nuestro). La experta italiana habrá
viajado de regreso con esa duda, pero a una enorme cantidad de argentinos nos
queda la certeza, para nuestra desgracia, de que Macri no entendió o no quiere
entender el perjuicio que le está ocasionando al país.
En el mes de noviembre de 2014 se llevó a cabo, en Buenos
Aires, un encuentro organizado por un denominado Foro de Convergencia Empresarial.
En ese evento, en el que participaron los directivos de las principales
compañías del país, intervino el representante de la importante empresa
argentina Techint (que tiene fijado su domicilio en Luxemburgo), la cual,
presidida por el ítalo-argentino Paolo Rocca, se dedica a la fabricación de
caños sin costura, destinados a la industria petrolera.
Con brutal sinceridad, el representante del Grupo Techint
expresó que “El mercado le va a ganar al Estado”. Fantástica convicción que
revela el posicionamiento ideológico-político de este tipo de empresarios que,
a la par de lucrar con el Estado, simultáneamente se proponen debilitar y
“derrotar” al Estado, si éste no se somete de manera dócil y cómplice para
garantizarles sus enormes ganancias.
Seguramente, esos empresarios tenían en el 2014 añoranzas de
otros períodos, de otros gobiernos y de otros funcionarios que servían más
puntualmente a los intereses de las empresas “argentinas”. Debían extrañar al
Dr. Juan Alemann, quien fue secretario de Hacienda del dictador militar Jorge
Rafael Videla y del dictador civil José Alfredo Martínez de Hoz, cuando
afirmaba con convicción que “… en definitiva, el Estado es el socio oculto de
todas las empresas privadas”. En algunos momentos de la historia, el Estado opera
como el “socio oculto” de las empresas privadas y en otros como el “socio
desfachatado” que ya no necesita disimular, momentos en los cuales los sectores
del gran capital despliegan obscenamente sus enormes privilegios, con toda
soberbia y hasta como si se tratara de un hecho “lógico y normal”. Muchos
empresarios “nacionales” se enriquecieron de manera exponencial e inimaginable
con los negocios que encararon con el Estado o con la protección del Estado,
especialmente durante la dictadura cívico-militar y luego con el menemismo
(aunque también en otros períodos). Sería muy ilustrativo constatar, por
ejemplo, la cantidad de empresas y de capital acumulado por parte del Grupo
Techint o del Grupo Macri, antes y después de la dictadura (1976-1983).
Estos sectores, hoy fuertemente encarnados en la conducción
del gobierno nacional, no soportan la existencia de un Estado que tienda
siquiera a regular los intereses no idénticos entre el capital y el trabajo.
Quieren un Estado que sólo exprese y defienda sus intereses, al cual puedan
condicionar y hasta conducir para imponer con impudicia las reglas y los
intereses del mercado. De ahí se desprende su desmedido y sistemático afán de
debilitar a todo aquel Estado que intente ponerle límites a su voracidad.
Hoy, a escasos cinco meses de la restauración de un proyecto
conservador, en los argentinos se va acrecentando la marcada desazón acerca de
la probidad y la inteligencia de los gobernantes actuales, corroborándose con
esta degradada caracterización de “lo inútil” en el discurso y en el accionar
del presidente Mauricio Macri.